Autorizan segunda recolección de firmas en Venezuela para convocar referendo revocatorio contra Maduro

Caldera dijo que desde el momento en que hagan la solicitud, el CNE tendrá hasta 15 días para darles una respuesta. Entonces, el órgano deberá publicar las condiciones, términos y la fecha de la segunda recolección.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó el martes a la MUD la constancia de que superaron satisfactoriamente la primera recolección y le dio 48 horas para solicitar que se inicie la segunda parte del proceso, informó Juan Caldera, representante de la agrupación opositora.

La oposición venezolana podrá realizar una segunda y definitiva recolección de apoyos para que se convoque a un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, luego de que el árbitro electoral venezolano entregó el martes la constancia de que se recogieron las firmas necesarias para completar un primer trámite.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, dijo la noche del lunes que el organismo validó las firmas recabadas por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que superaron la barrera del 1 del electorado de cada estado del país, un requisito para avanzar en la convocatoria.

Lucena no expresó en la ocasión si la oposición podía activar la recolección de firmas equivalentes a un 20% del electorado, cerca de unas 4 millones, necesarias para que finalmente se realice el referendo.

El CNE entregó el martes a la MUD la constancia de que superaron satisfactoriamente la primera recolección y le dio 48 horas para solicitar que se inicie la segunda parte del proceso, informó Juan Caldera, representante de la MUD, en la sede central del órgano electoral.

“De manera inmediata nos trasladamos a consignar esto en manos de la MUD, para que de manera inmediata también, se proceda a cumplir con las formalidades que faltan para consignar hoy mismo la constancia de participación y dar inicio a la ultima etapa del 20%”, agregó.

Caldera dijo que desde el momento en que hagan la solicitud, el CNE tendrá hasta 15 días para darles una respuesta. Entonces, el órgano deberá publicar las condiciones, términos y la fecha de la segunda recolección, que la oposición espera que comience en septiembre.

La oposición tiene prisa para que el plebiscito se realice este año, ya que, según la Constitución, si se aprueba para 2017 y el mandato de Maduro es revocado, será el vicepresidente quien gobierne hasta 2019 y no habrá nuevas elecciones.

La oposición ha denunciado que el CNE es parcial y trabaja en favor del gobierno de Nicolás Maduro, por lo que está dilatando lo más posible el proceso.

En medio de una hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas y una profunda recesión los adversarios de Maduro buscan revocar su mandato, pero el presidente y sus aliados han dicho en repetidas oportunidades que la consulta popular no se llevará a cabo este año, agregando que posiblemente se realice en 2017.

El oficialista Partido Socialista Unido (PSUV) ha denunciado un “mega fraude” en la colecta de las firmas, pero el CNE sólo identificó “irregularidades” en el 0,33% de las firmas validadas, y remitió esas denuncias al Ministerio Público para su investigación.

“Es importante destacar que ninguna de estas decisiones de investigación detiene la buena marcha del proceso”, agregó el martes el rector del CNE, Luis Rondón.

 

Vía: http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/autorizan-segunda-recoleccion-de-firmas-en-venezuela-para-convocar-refere

El chavismo solicita la anulación de la MUD como partido político

La maniobra pretende evitar que avance el revocatorio contra Maduro que pretende la oposición.

El chavismo ha sacado este martes un as debajo de la manga. Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas y dirigente del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), ha solicitado al Consejo Nacional Electoral (CNE) –controlado por el oficialismo– la anulación de la inscripción de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como partido político por supuestos fraudes cometidos en la recaudación del 1% de las firmas necesarias para activar un referendo revocatorio contra el presidente, Nicolás Maduro.

Rodríguez ha insistido en que más de 50.000 firmas fueron anuladas por “irregularidades muy graves” y otras 250.000 por no cumplir con los requisitos exigidos para su validación. “Es el fraude electoral más gigantesco que se haya cometido en el país”, dijo el alcalde de Caracas.

La MUD figura como el partido solicitante del referéndum, lo que supone un revés en el proceso revocatorio. “¿Cómo se va a activar un artículo de la Constitución (el referéndum revocatorio) con un basamento tan profundamente manchado?”, se ha preguntado el oficialista tras reunirse con la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, a quien ha entregado el documento con la solicitud de anulación la coalición opositora.

En los siguientes días, el Consejo Electoral evaluará el expediente presentado por el partido gobernante para decidir si accede a la anulación de la MUD.

Entretanto, Henrique Capriles, gobernador del Estado de Miranda y excandidato presidencial, ha calificado como una “locura” la maniobra del chavismo: “Esas locuras tienen detrás una intención: robarle al pueblo venezolano el revocatorio”.

La tensión se ha incrementado por la ausencia de una respuesta del poder electoral en torno al referéndum. El CNE había prometido pronunciarse antes del martes sobre las firmas validadas por la oposición a finales de junio, pero no ha hecho ningún anuncio. A última hora de la tarde aseguró que se pronunciará el próximo lunes.

La oposición ha convocado para este miércoles a una movilización hacia todas las sedes principales del Consejo Electoral en el país para exigir una fecha para conseguir el 20% de las firmas de los votantes –más de cuatro millones– necesarias para avanzar en un revocatorio. “Creo que la señora Lucena está subestimando al pueblo venezolano… Está jugando con la paciencia del pueblo”, aseguró Capriles.

El chavismo ha perdido popularidad producto de la crisis. Una encuesta de la firma Venebarómetro divulgada recientemente señala que un 64% de los votantes venezolanos revocaría a Maduro como presidente de haber elecciones en este momento.

Las condiciones del diálogo.

El chavismo ha intentado impedir en otras ocasiones la activación del revocatorio. En junio, el oficialismo presentó una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el supuesto fraude en las firmas presentadas por la oposición para solicitar el referéndum.

Pero la oposición ha insistido en que el revocatorio es la única manera de emprender un diálogo con el Gobierno. “El referendo es innegociable. Los que preguntan por el diálogo, se lo decimos: no vamos a hacer el papel de tontos útiles”, afirmó Capriles.

El diálogo, la principal apuesta de Maduro a la crisis política, ha contado con la mediación del exjefe de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y los expresidentes Martín Torrijos, de Panamá, y Leonel Fernández, de República Dominicana. Tanto la oposición como el Gobierno han acordado aceptar la incorporación de representantes del Vaticano para emprender conversaciones.

Horas antes de la petición de anulación de la coalición opositora, Jesús Chuo Torrealba, secretario general de la MUD, había calificado como un avance la liberación de 28 personas consideradas prisioneros políticos.

 

Vía: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/27/america/1469575614_642837.html

Máxima corte de Venezuela enfrenta crecientes cuestionamientos

La corte venezolana de mayor rango ha sido acusada de actuar como un apéndice del partido de Gobierno al fallar recurrentemente en perjuicio del Parlamento de mayoría opositora. ¿Qué dicen los hechos?

No son pocos los que temen que la corte venezolana de mayor rango termine considerando la petición de abolir al Parlamento venezolano.

Tanto la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la mayor coalición de partidos de oposición en Venezuela, como la Defensoría del Pueblo, presidida por el ombudsman oficialista Tarek William Saab, han desestimado el anuncio hecho el 28 de junio por el político chavista Didalco Bolívar: éste declaró que el Gran Polo Patriótico, la alianza de grupos alineados con el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sopesaba la posibilidad de solicitar ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la abolición de la Asamblea Nacional (AN) –el único poder estatal donde la oposición es mayoría– y la convocatoria a nuevas elecciones legislativas.

Aunque Saab atribuyó el clamor por la disolución del Parlamento a “voces aisladas”, no son pocos los que temen que la corte venezolana de mayor rango termine considerando esa petición. Y es que los altos magistrados han fallado a favor de casi todos los recursos introducidos por representantes del chavismo en la última década y en perjuicio del Parlamento desde que la oposición ganó los comicios legislativos de diciembre de 2015, como lo evidencian las siguientes sentencias:

15.06.2016: Un día después de que el presidente del Parlamento anunciara que viajaría a Washington para denunciar ante la OEA la ruptura del orden democrático en Venezuela, el TSJ instó a la Asamblea Nacional (AN) a “abstenerse de pretender dirigir las relaciones exteriores de la República y, en general, desplegar actuaciones que no estén abarcadas por las competencias que les corresponden”. Se alegó que los diputados opositores realizaban acciones que tienden a solicitar la intervención de instancias internacionales en asuntos internos del país.

13.06.2016: Una ley aprobada en mayo por la AN para enfrentar la escasez de medicamentos en Venezuela fue declarada inconstitucional. Se argumentó que la ley en cuestión le confería competencias al Parlamento para dirigir las relaciones internacionales del Estado al permitirle pedir ayuda a instancias extranjeras. Según el TSJ, esa norma habría obligado “al Ejecutivo a aceptar la cooperación internacional, incluso cuando no haya mediado una solicitud previa” y expuesto a la población a fármacos cuyos efectos aún estaban siendo sometidos a pruebas.

26.05.2016: Se sentenció que cuando un alto funcionario estatal posea dos o más nacionalidades, la venezolana prevalecerá sobre las otras. El jefe del Parlamento criticó el fallo, esgrimiendo que éste anula de un plumazo una disposición constitucional según la cual sólo las personas nacidas en Venezuela son elegibles para los cargos de presidente de la República, ministro o magistrado del TSJ. En 2016, la AN instó al mandatario Nicolás Maduro a hacer pública su partida de nacimiento para refutar los señalamientos de que había nacido en Colombia.

23.05.2016: Atendiendo la solicitud de varios trabajadores del Consejo Nacional Electoral (CNE), se prohibieron las manifestaciones no autorizadas en los alrededores de las distintas sedes de esa institución. El TSJ exhortó a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional a adoptar las “medidas de seguridad” pertinentes. Este fallo se emitió cuando la oposición convocaba a sus seguidores a reunirse en torno a las dependencias del CNE para exigir que se deje de ralentizar y posponer los procesos necesarios para aprobar el referendo revocatorio.

19.05.2016: A juicio de la Sala Constitucional del TSJ, el Estado de excepción y emergencia económica declarado por Maduro es legal. Esa instancia ya había validado la rectitud (20.01.2016) y vigencia (11.02.2016) de esa norma, luego de que la mayoría de los diputados rechazara la moción del presidente. La AN había advertido que esa medida le permitía al mandatario arrogarse poderes especiales inconstitucionalmente para legislar por decreto y sin control parlamentario. Con el visto bueno de la suprema corte (18.03.2016), Maduro ya había prolongado por sesenta días ese régimen de excepción que data del 14 de enero de 2016 y que, según expertos en la materia, es una mezcla heterodoxa de competencias económicas, sociales, políticas y de seguridad. La oposición había objetado esa prórroga en reacción a la negativa de los ministros del área económica a asistir a la AN y explicar la situación real de la economía nacional, que en 2015 se redujo en un 5,7 por ciento.

06.05.2016: Una ley aprobada por la AN con miras a otorgarle títulos de propiedad a los ocupantes de viviendas construidas por el Gobierno en el marco de su programa social “Gran Misión Vivienda” fue declarada inconstitucional. Maduro pidió que se ilegalizara la iniciativa del Parlamento, alegando que ésta pretendía “privatizar” las edificaciones auspiciadas por el Estado. El fallo del TSJ le dio la razón al mandatario, argumentando que la ley allanaba el camino para que se especulara con esos bienes inmuebles.

05.05.2016: Respondiendo a una petición de Maduro, la Sala Constitucional de la corte venezolana de mayor rango truncó la reforma parcial de una norma de la que ella misma era objeto. El TSJ alegó que la enmienda de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, propuesta por el Parlamento, era una materia que le competía al Poder Judicial y no al Legislativo. Además, criticó lo que a su juicio era el “vicio de desviación de poder en el que incurrió la AN al modificar la conformación de la Sala Constitucional, atendiendo a objetivos políticos”.

 

Vía: http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/maxima-corte-de-venezuela-enfrenta-crecientes-cuestionamientos